Nadie en Europa puede decir que desconoce la situación de vulnerabilidad extrema en que se encuentran las personas migrantes que se trasladan desde países de Oriente próximo y África hasta Europa, debido a las situaciones de guerra y/o crisis humanitaria que sufren. El drama de los/as refugiados/as, que ha convertido el mar Mediterráneo en un cementerio, ha supuesto una crisis en la concepción de Europa como un espacio común fundado sobre valores de dignidad humana, igualdad y solidaridad, y nos ha obligado a todos a cuestionar el papel de Europa en el mundo.Ni las instituciones europeas ni los Estados Miembros han estado a la altura, e incluso algún estado está manteniendo posturas inadmisibles desde la perspectiva de los Derechos Humanos, como pasa con el VicePresidente Salvini en Italia. Efectivamente, han surgido iniciativas que pretenden convertir, fraudulentamente, la crisis humanitaria que sufrimos en un problema de orden público. Evitar la muerte de cientos de personas no es una mera cuestión de orden público ni puede serlo. Construir muros y sellar las fronteras, separando pueblos y despojando a las personas migrantes de su dignidad, no es una respuesta admisible desde la perspectiva de Derechos Humanos. Además, estas políticas exponen al/la migrante a los peligros de elegir cada vez rutas más inseguras, favorecen la aparición de las mafias y su consecuencia más cruda es el naufragio de miles de personas en nuestro mar mediterráneo.

Es esa decepcionante actitud de las instituciones europeas y de los estados miembros de la Unión Europea la que ha provocado que organizaciones como Open Arms intervenga con acciones esenciales de vigilancia y salvamento, salvando miles de vidas en el mar. Estas organizaciones se na puesto, por ello, en el punto de mira de la opinión pública, y también dentro de los objetivos represivos de algunos Estados, que han intentado, también fraudulentamente, criminalizar su actuación. Recientemente el barco de Open Arms llegó a España con 310 personas rescatadas, pues los países más cercanos al lugar de rescate (Italia, Malta) incumplieron sus obligaciones internacionales y negaron el acceso a sus puertos a Open Arms.

El día 8 de enero de 2019 el barco de Open Arms debió haber salido del puerto de Barcelona rumbo a la zona SAR de Libia para continuar con su labor esencial de salvar vidas. Sin embargo Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, ha bloqueado el buque en el puerto de Barcelona alegando que pese a no ser imputable al propio barco, con su último regreso a España se incumplieron diversos preceptos de la normativa marítima. Como medida preventiva y para evitar futuros incumplimientos, deniega la salida hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas SAR concernidas, algo que difícilmente ocurrirá, pues ni Italia, ni Libia, ni Malta facilitan estos acuerdos.

Tenemos que volver a poner de manifiesto, en voz alta y clara, que es el incumplimiento habitual del resto de países de su deber de auxilio lo que está en el origen del problema, que no es otro que las muertes en el mar. No puede atribuirse ningún incumplimiento normativo a quien precisamente presta ese auxilio, porque el derecho a la vida ha de priorizarse siempre respecto de cualquier normativa marítima. Con el bloqueo del buque no está en juego únicamente su derecho a navegar sino que se pone en riesgo la vida de las personas migrantes a quienes rescata Open Arms ante la pasividad de quienes están obligados a actuar en virtud del derecho internacional humanitario.

Por ello reclamamos que no se obstaculice la labor humanitaria del buque Open Arms anclado en el puerto de Barcelona y exigimos que los incumplimientos de terceros Estados sean denunciados por el Gobierno de España al órgano competente para su sanción, y que, entretanto, colabore activamente con el respeto de los derechos humanos y contribuya a solucionar la crisis humanitaria en que estamos inmersos, en vez de impedir la labor de quienes salvan vidas en el mar.

Barcelona, 18 de enero de 2019

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